miércoles, 23 de marzo de 2016

Brasil camina entre la corrupción de Lula y el golpe de Estado



Tomado de Movimiento Político de Resistencia


La detención del anterior presidente brasileño y fundador del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, en el marco del escándalo de Petrobras, ha intensificado la crisis no solamente del partido en el poder, sino también del régimen brasileño en su conjunto.

A Lula le acusan de ser uno de los principales beneficiarios de la corrupción en Petrobras, al recibir favores y comisiones de empresas brasileñas de la construcción, a cambio de contratos con el conglomerado energético.

El Partido de los Trabajadores está en el gobierno desde hace una docena de años. Se ha convertido en el principal partido del Estado brasileño, defiende los intereses de la oligarquía financiera y empresarial tanto en el interior como en el exterior, y desvía sistemáticamente hacia Wall Street centenares de millones de dólares de recursos sociales para pagar los intereses de la deuda del país.

La presidencia de Lula y posteriormente la de su sucesora Dilma Rouseff, coincidieron con un boom sin precedentes de las materias primas, alimentada en gran medida por China e India, y con un frenesí inversor de capitales extranjeros en los mercados emergentes, entre los cuales Brasil está en el pelotón de cabeza.

Este entorno económico temporal ha servido de base al supuesto “giro a la izquierda” de América Latina, que ha visto a los gobiernos de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Argentina y de Ecuador seguir programas limitados de protección social destinados a atenuar las tensiones de clase, adoptando una postura nacionalista y reformista.

El boom de las materias primas se ha detenido con el freno del crecimiento chino, mientras que los títulos de Brasil, antiguo ojo derecho de los mercados financieros, se veían rebajados al nivel de bonos basura por las agencias de calificación de Wall Street.

La crisis del Partido de los Trabajadores en Brasil se desarrolla de forma paralela a las del chavismo en Venezuela, del peronismo en Argentina y del gobierno de Movimiento al Socialismo de Evo Morales en Bolivia, todos ellos arrastrados por la crisis mundial del sistema capitalista.

De todos estos movimientos políticos, el Partido de los Trabajadores es el más importante, ya que gobierna el mayor país y la mayor economía de América Latina. La mayor parte de la población de Brasil ha vivido siempre bajo gobiernos del Partido de los Trabajadores.

Fundado en 1980, en la estela de una oleada de huelgas políticas de masas que desestabilizó definitivamente una dictadura militar de 20 años, el Partido de los Trabajadores y la federación sindical asociada CUT, sirvieron de instrumento para el desvío de las aspiraciones revolucionarias de la clase obrera brasileña y colocarla bajo la dominación de la burguesía.

El papel crucial en la construcción del Partido de los Trabajadores lo desempeñaron burócratas sindicales, movimientos sociales domesticados, católicos, universitarios y colectivos seudoizquierdistas de todos los pelajes, que lo promovieron para impedir la construcción del partido revolucionario de la clase obrera.

El Partido de los Trabajadores es una organización burguesa, reformista y corrupta que ha subordinado la lucha de la clase obrera brasileña a los intereses de capital brasileño e internacional.

La traición histórica del movimiento revolucionario que emergía en oposición a la dictadura militar hace 35 años encuentra ahora su expresión final en la profunda crisis de este Partido, cuyas principales figuras se ven arrastradas en el barrizal de los escándalos de corrupción y sobornos, estimados en unos 2.000 millones de dólares, que rodea a Petrobras.

El dirigente del Partido de los Trabajadores en el Senado brasileño, Delcidio Amaral, fue detenido en noviembre en relación con el escándalo Petrobras, llegando a un apaño con la fiscalía para acusar a Lula de intentar hacer callar a los testigos de la investigación, y a Rousseff de haber tenido “pleno conocimiento” de un acuerdo por el cual Petrobras compró una vieja refinería en Pasadena, Texas, por un precio considerablemente inflado, canalizando millones de dólares hacia directivos, políticos y la caja del Partido. Rousseff presidía el consejo de administración de la empresa petrolera en el momento del acuerdo.

Estas acusaciones, así como el interrogatorio de Lula, han reavivado la campaña de la reacción brasileña para exigir la destitución de Rousseff. La reacción ha convocado manifestaciones de masas en todo el país para exigir la salida del presidente del Partido de los Trabajadores. También los partidarios del Partido de los Trabajadores han convocado concentraciones en defensa de Lula y Rousseff, advirtiendo de que se pueden producir enfrentamientos violentos.

Para los trabajadores brasileños, la crisis actual, la peor desde la Gran Depresión de los años 30, está teniendo efectos catastróficos. Más de un millón de empleos han desaparecido en 2015, muchos en el sector del automóvil e industrias relacionadas. Millones de jóvenes licenciados no tienen perspectivas de empleo. La tasa de inflación, de un 10 por ciento, ha recortado el valor de los salarios reales, hundiendo al país en la recesión.

La respuesta del gobierno Rousseff a la crisis es un conjunto de medidas de austeridad que atacan a las pensiones y a los gastos sociales, agravando más las condiciones de vida de la clase obrera.

La reacción pretende despojar a la población de los derechos sociales limitados contenidos en la Constitución de 1988, adoptada tras la dictadura militar, y la apertura del país al dominio del capital internacional.

Tales medidas no se podrán imponer pacíficamente. En el momento de la detención de Lula, un batallón del ejército se puso en estado de alerta en Sao Paulo para el supuesto de que se perdiera el control de las protestas. Los miembros del Alto Mando del Ejército telefonearon a los gobernadores de los Estados más conflictivos para advertirles de la necesidad de controlar las calles.

Los generales están dispuestos a intervenir para garantizar la ley y el orden, como prevé la Constitución. Esta misión constitucional del ejército es un regreso a la antigua dictadura militar.
 
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1 comentario:

  1. Nota de la Union Reconstruccion Comunista de Brasil : "Sobre a conjuntura brasileira e a tentativa de golpe em andamento."


    http://www.uniaoreconstrucaocomunista.blogspot.com/2016/03/sobre-conjuntura-brasileira-e-tentativa-de-golpe-em-andamento.html

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