miércoles, 3 de agosto de 2016

Asesinatos y desalojos son los costos de las Olimpiadas en Brasil


Por Renata Bessi y Santiago Navarro F. / Fotografías: Aldo Santiago
 
Río de Janeiro, Brasil. Hace tiempo ya que esta ciudad atraviesa un proceso de transformación con el objetivo de preparar las condiciones para la llegada de los Juegos Olímpicos de este año 2016, que se realizarán entre los días 5 y 21 de agosto. Esta será la primera vez que los juegos van a tener su sede en América del Sur y la segunda vez en América Latina, después de México en el año 1968. Los proyectos de transformación –que comenzaron con la Copa del Mundo del año 2014– incluye obras de reforma de las instalaciones deportivas, así como equipos deportivos, infraestructura de movilidad, urbanización de barrios precarios, proyectos de reestructuración urbana y embellecimiento de espacios públicos. Estas fueron las promesas de las autoridades brasileñas para convertir Río de Janeiro en la sede de los Juegos Olímpicos.
 
Desde el primer momento en que se anunció la sede para este evento, los medios de comunicación, los políticos y analistas han destacado las oportunidades derivadas de la ampliación de las inversiones en la ciudad. En contraste, activistas y organizaciones civiles consideran este proceso como un ataque directo hacia los sectores más vulnerables.
 
 
Por lo menos 22,059 familias ya fueron desalojadas en la ciudad de Río de Janeiro, un total de casi 77,206 personas, entre el año 2009 –cuando Río de Janeiro fue escogido como sede de las Olimpiadas– y el 2015, de acuerdo con el informe elaborado por el Comité Popular Río – Copa y Olimpiadas, un colectivo que reúne a sindicatos, organizaciones no gubernamentales, investigadores, estudiantes, afectados por las intervenciones de la Copa y los Juegos Olímpicos.
 
Aunque el gobierno evita proporcionar estadísticas concretas en relación a los eventos deportivos, el Comité Popular estima, con base en sus registros realizados en sus propias comunidades y con fuentes oficiales, que al menos 4,120 familias han sido desalojadas y 2,486 familias más están a la espera de posibles desalojos para dar paso a las obras de infraestructura que requieren los Juegos Olímpicos.
 
La mayoría de los desalojos se encuentra en zonas donde el sector inmobiliario ha especulado obtener altos rendimientos y ganancias. En los últimos tres años, el precio del metro cuadrado de los bienes vendidos en la ciudad de Río de Janeiro ha aumentado, en promedio, 29.4%, pero en algunas zonas, como en la favela Vidigal, la valorización ha llegado a 481%.
 
«Las reubicaciones vinculadas a los Juegos Olímpicos han afectado a miles de familias por medio de la coacción y de la violencia institucional, violando gravemente los derechos humanos», se señala en el documento realizado por el Comité.
 
Otra promesa hecha por las autoridades brasileñas en el año 2009, para garantizar su candidatura como ciudad anfitriona de los juegos, fue la mejora de la seguridad pública de la población en su conjunto. Según el gobierno brasileño, la planificación de la seguridad pública ha comenzado ya con los Juegos Panamericanos en el 2007, y con la Copa del Mundo en el 2014.
 
 
Mientras tanto, el informe de Amnistía Internacional en Brasil llamado ¡La violencia no es parte de estos juegos! Riesgos de violaciones de los derechos humanos en los Juegos Olímpicos de Río 2016 muestra cómo las autoridades brasileñas y los organizadores de los juegos están poniendo en práctica las mismas políticas de seguridad pública que han llevado a un aumento en el número de asesinatos y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, desde la Copa del Mundo 2014.
 
Desde el año 2009, 2,500 personas fueron asesinadas en operativos de la policía en la ciudad de Río de Janeiro y la «justicia fue aplicada a una proporción mínima de los casos», argumenta Atila Roque, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en Brasil. La inmensa mayoría de las víctimas en las operaciones de la policía han sido jóvenes negros que viven en las favelas y en barrios populares.
 
Las autoridades han anunciado recientemente que cerca de 65 mil oficiales de la policía y 20 mil militares de las Fuerzas Armadas participarán en la seguridad de los Juegos Olímpicos. Esta es la mayor operación en la historia de Brasil, según Amnistía Internacional. En el plan se prevé enviar una parte de este contingente para ejecutar incursiones en las favelas. En ese sentido, existen registros en el pasado de un alto índice de violaciones a los derechos humanos y en el presente ya comienza a reflejar los primeros efectos.
 
De acuerdo con Larissa Lacerda, quien forma parte del Comité Popular, desde el comienzo del año 2016 las redadas de la policía en las favelas de Río de Janeiro han promovido un verdadero genocidio de jóvenes pobres y negros que sólo tiende a empeorar con los pocos días que restan para que inicien las Olimpiadas, algo muy semejante sucedió con los Juegos Panamericanos y la Copa del Mundo.
 
 
«Se observa una creciente militarización en la ciudad, en el marco de una política de seguridad belicista y racista, que afecta particularmente a los jóvenes negros que residen en barrios populares y en la favelas, que diariamente son asesinados por la policía. Pero todos y todas están afectados por esta política que se basa en el miedo, a través de la creación de muros, visibles e invisibles, que promueven la segregación socio-espacial de la ciudad, y por la creciente criminalización de los movimientos sociales», sostiene Lacerda.
 
Favelas – Río de Janeiro, una ciudad con por lo menos 11,800,000 habitantes, tiene un grave problema con los asentamientos informales llamados favelas donde habitan entre 1.5 y 2 millones de habitantes distribuidos entre 900 y 1000 favelas. Las favelas son barrios marginales que se caracterizan generalmente por ser asentamientos informales, con viviendas de mala calidad, acceso limitado a los servicios, elevada densidad de población y una fuerte vulnerabilidad por la propiedad de la tierra.
 
«Higienización social»
 
Desde el año 2011, para la preparación de la ciudad para los mega-eventos deportivos, se han intensificado los operativos de «limpieza social» de las zonas de interés turístico en la ciudad, incluyendo a niños y adolescentes que viven en las calles. «A pesar de ser difícil poder obtener datos precisos sobre la violencia creciente hacia a los jóvenes y también de los adultos que viven en situación de calle, las denuncias se han incrementado mucho en este periodo”, señala Larissa Lacerda.
 
La práctica ha sido catalogada por organizaciones de derechos humanos, por los Defensores Públicos y el Ministerio Público como ilegal. Es una violación sistemática e institucionalizada de las leyes internas del país y de los tratados y convenios internacionales suscritos por Brasil.
 
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU en el informe del año 2015 sobre la situación de la juventud en Brasil denunció la tentativa del gobierno de «limpiar» la ciudad de Río de Janeiro para las Olimpiadas y lanzó la siguiente advertencia: «El Comité está profundamente preocupado por el gran número de niños en las calles que son vulnerables a ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones, ser reclutados por grupos delictivos, abuso de drogas y la explotación sexual». Incluso indicaron la necesidad de promulgar leyes para prohibir la detención arbitraria de los niños de la calle.
 
Estado fallido
 
Son escasos 20 días para el inicio de este evento y en este país se vive un clima de crisis política y económica tras la decisión tomada por el Senado federal de suspender durante 180 días de sus funciones a la presidenta Dilma Rousseff, en el marco de un proceso de destitución considerado como un golpe de Estado por una buena parte de la opinión pública nacional e internacional. Durante este tiempo será sometida a juicio político por la supuesta manipulación de las cuentas públicas en los años 2014 y 2015.
 
«Río de Janeiro vive un verdadero caos social y económico», relata el ciudadano Felipe Araújo, morador del Barrio Bangu quien también es investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro. «Los profesores del sistema de educación estatal y dos universidades más han estado en huelga durante más de tres meses, los sueldos de los docentes están retenidos. Los estudiantes continúan en la movilización como muestra de su solidaridad, a pesar de la represión que han sufrido. La policía civil está en huelga, por salarios y la falta de estructura para trabajar, y el sistema de salud está sufriendo una crisis seria», agrega el investigador.
 
Mientras tanto, Michel Elías Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien asumió de forma interina las funciones de presidente de Brasil, afirmó en su primer día de gobierno que los Juegos Olímpicos del año 2016 son una oportunidad porque «servirán para la recuperación de la imagen» de Brasil y ayudarán a «la inserción internacional de nuestra economía».
 
El gobernador del estado de Río de Janeiro, Francisco Dornelles, decretó el 17 de junio de este año: calamidad pública en la administración financiera estatal, justificando no tener dinero para mantener los servicios públicos, como salud, transporte y educación. Ante esto, el gobierno interino de Temer aprobó el 22 de junio un importe de aproximadamente 850 millones de dólares para amortiguar la crisis. Un monto que tendrá que destinarse, según afirma la ley en carácter de urgencia publicada por el gobierno federal, «a cubrir los gastos en seguridad pública para que se realicen los Juegos Olímpicos».
 
En cuestiones de seguridad pública, cabe destacar que Brasil es un país que no cuenta con policías antidisturbios, por lo tanto, son militares los que están en las calles conteniendo el descontento social. Una estructura militar heredada desde el golpe de Estado de 1964 y formados bajo la doctrina militar estadounidense y francesa.
 
Parece ser que las líneas de seguridad antiterroristas sugeridas por Estados Unidos a este país, han cobrado mayor importancia en los mega-eventos deportivos, como la Copa Mundial 2014 y ahora con las Olimpiadas.
 
En el año 2010 se firmó un acuerdo de cooperación militar Brasil-Estados Unidos, durante el segundo mandato del gobierno de Luiz Ignacio Lula da Silva, a partir del cual la empresa estadounidense Academi (antes Blackwater) ha entrenado a la policía militar de Brasil para contener acciones terroristas durante la Copa Mundial 2014 y para los Juegos Olímpicos 2016. Aunque durante la Copa no hubo ninguna señal de algún acto terrorista, en los Juegos Olímpicos se vuelve a retomar el discurso con el presidente interino.
 
Promesas no cumplidas
 
Si bien el objetivo del Estado es la seguridad, que en realidad se utiliza para ampliar la segregación entre ricos y pobres de esta ciudad, el Comité Popular muestra en su informe que las autoridades brasileñas no están cumpliendo con la mayoría de sus promesas de mejorar las condiciones de vida en Río y los proyectos que se están llevando a cabo están haciendo caso omiso de los derechos humanos básicos.
 
El gobierno de Río de Janeiro prometió, por ejemplo, una «revolución del transporte público» a través de las obras de los grandes eventos. El Comité Popular, no obstante, muestra que las enormes inversiones en transporte público están distribuidas de manera desigual. La inversión sólo beneficia a una pequeña parte de la población, concentrándose en mejorar el transporte en las zonas ricas de la ciudad. Al mismo tiempo, han cortado las líneas de conexión entre las zonas ricas y pobres de la ciudad.
 
En relación con las condiciones de trabajo, el informe del Comité Popular denuncia las medidas represivas del gobierno contra los vendedores ambulantes, derivadas, principalmente, por la imposición de las zonas comerciales exclusivas en las cercanías de instalaciones deportivas, impuesta por la FIFA y sus patrocinadores.
 
Otra grave violación de los derechos humanos, denunciada por el Ministerio Público del Trabajo de Río de Janeiro, es en relación a una de las constructoras encargadas de la construcción de la Villa Olímpica. Esta constructora mantenía a 11 trabajadores en una situación semejante a la esclavitud.

En cuanto a la preservación del medio ambiente, según el informe, desde la elección de la ciudad de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos, el tema es publicitado como un elemento importante que acompaña las grandes construcciones. Sin embargo, se ha edificado la construcción de una plaza, llamada Vía Transolímpica, que implicó la destrucción de 200 mil metros cuadrados de Bosque Atlántico, por citar un ejemplo. Estos proyectos están violando las mismas leyes ambientales que en otros tiempos fueron utilizadas para justificar la expulsión de comunidades enteras en nombre de la conservación y para reducir el calentamiento global.
 
De acuerdo con Larissa Lacerda, la herencia que van a dejar los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro es una ciudad aún más segregada y excluyente. «La Ciudad Olímpica fue construida a través de la profundización de las desigualdades socio-espaciales, sobre la base de una política de “limpieza” de la ciudad», finaliza.
Una versión en inglés de este texto fue publicada en TruthOut
 --------

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada