viernes, 30 de septiembre de 2016

Afectados por Iberdrola en Brasil denuncian violaciones de derechos

Protesta contra la presa de Belo Monte celebrada en Brasília en febrero de 2011

Alrededor de 150 familias acamparon el a principios de septiembre en la entrada de las obras del embalse Baixo Iguazó, en Paraná (Brasil), ante la cancelación por parte de la empresa Geração Céu Azul –en la que Iberdrola participa en un 70% a través de su marca Neoenergía– de las negociaciones sobre el precio del suelo y el reasentamiento de las familias que serán desplazadas por la hidroeléctrica. Decenas de personas más se concentraron el lunes 25 de septiembre frente a la sede del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), en Altamira, en protesta por la otra gran infraestructura en marcha en este país, la represa de Belo Monte, en el Estado de Pará, y para presionar por el derecho a la vivienda de las cerca de 500 familias afectadas por este proyecto.
 
Neoenergía está infringiendo varios derechos humanos, entre ellos el derecho a una justa negociación”, denuncian desde Ecologistas en Acción. “Ocupar y resistir es la única forma que tenemos nosotros los afectados de ser oídos; esperamos algo de vuelta, pues cuando el agua cubra mi casa ya no harán nada, y eso es lo que la empresa Neoenergía quiere”, explica uno de los campesinos afectados por la construcción del embalse de Baixo Iguazó.
 
Las obras de este proyecto ya están completas en un 60%, sin embargo, aún no han garantizado a las familias afectadas el reasentamiento. Por el contrario, según denuncian desde Ecologistas en Acción, desde el consorcio Geração Céu Azul han enviado comunicados en los que criminalizan a las familias afectadas y la empresa afirma haber estado siempre “abierta al diálogo”, a pesar de que canceló reuniones sin avisar previamente a familias que tuvieron que desplazarse hasta 500 kilómetros.
 
Hasta entonces, el consorcio del que forma parte Iberdrola había ofrecido once zonas de reasentamiento de menor capacidad de la zona que quedará inundada por el embalse y que desde la empresa brasileña que acompaña a Iberdrola en el proyecto, Copel, advirtieron que prácticamente las once zonas ofrecidas son inadecuadas para el reasentamiento por sus características topográficas y la mala calidad del suelo. En su comunicado, el consorcio también amenaza a las familias con tomas “medidas” para hacer rendir cuentas a los culpables frente a posibles daños en la obra.
 
Las protestas en Baixo Iguazó fueron sofocadas el día después –6 de septiembre– por la Policía Militar de Paraná, que desalojó los campamentos montados por las familias afectadas tras unas cargas con balas de goma y gas lacrimógeno en las que varias personas fueron heridas, y hospitalizadas. Una semana después, un millar de personas se manifestaron en los municipios de Capanema y Capitán leonidas Marques, cerca de Baixo Uguaxó, para denunciar la violencia policial y la actitud de Neoenergía. Tras las manifestaciones, las familias afectadas consiguieron una nueva reunión para definir nuevas áreas de reasentamiento.
 
Por su parte, los afectados de la represa de Belo Monte, a consecuencia de las obras han sido trasladados a la zona pantanosa de Altamira, donde viven sin agua potable y sin tratamiento de las aguas residuales. Las obras de Belo Monte también han provocado que el precio de los alquileres de viviendas en la zona se multipliquen por diez, pasando de los 200 reales (55 euros) a los 1.500 (412 euros).
 
Iberdrola comenzó su línea de negocio en Brasil hace dos décadas, con la adquisición de empresas de distribución y producción eléctrica, según señalan desde Ecologistas en Acción. Además de la participación en Belo Monte y Baixo Iguazó, la hidroeléctrica española está presente en la infraestructura de Teles Pires y en el proyecto, ahora suspendido, de Tapajós.
 
 
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