sábado, 29 de octubre de 2016

PDPR-EPR: Michoacán de Ocampo, a 27 de octubre de 2016


AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
A LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS Y UNIVERSITARIOS

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

Las políticas de gobierno federal y estatal por su condición antipopular son la causa y el origen de la creciente protesta y movilización popular, en tanto que lesionan gravemente los intereses y derechos del pueblo como son, el derecho a la salud, la educación, al trabajo, a la vida y a la protesta.

Los responsables directos de las actuales condiciones socioeconómicas de nuestro pueblo es la caterva de politicastros que desde falsos ropajes populares y progresistas han promovido una serie de leyes y reformas de carácter burgués, encaminadas a anular derechos fundamentales con el único propósito que prevalezcan los intereses de una minoría empresarial, como es el caso de la reforma educativa.

El carácter antipopular de la reforma educativa tendiente a la privatización de la educación obedece plenamente a las exigencias e intereses de los grupos empresariales que exigen por todos los medios imponer su voluntad, la proliferación de escuelas privadas en todos los niveles tiene explicación directa en la reforma educativa; la reducción de la matrícula en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la imposición de los criterios de selección de nuevo ingreso por el CENEVAL y la certificación de los programas de estudio obedecen a la exigencia de políticos nefastos y oligarcas retrogradas, en este caso vinculados al grupo Atlacomulco, donde peña Nieto tiene fuertes compromisos e intereses.

En esta misma lógica de anulación de derechos fundamentales y privatización de la educación, se circunscribe el continuo desmantelamiento de las normales públicas, la reducción de la matrícula, las pretensiones de suprimir la plaza base y la criminalización de la protesta y formas organizativas de los estudiantes normalistas.

Los grupos empresariales en sus exigencias no guardan formas, se abrogan funciones del poder Ejecutivo y cuál tribunal inquisitorio exigen el cierre de las normales públicas, por no corresponder éstas a sus intereses y estar vinculadas a la protesta popular. Si a los empresarios y políticos de oficio reaccionarios les salen ronchas en la piel por la protesta estudiantil y popular, sólo deja en claro su condición y concepción profascista.

Los únicos responsables del actual sistema educativo nacional, por el cual se rasgan las vestiduras empresarios y políticos de oficio, es el gobierno tanto federal y estatales al imponer sus políticas educativas neoliberales desde 1982 con el fin de la privatización de la educación pública, si de evaluación se trata desde un inicio ya están reprobados por su condición antipopular y represiva.

La criminalización de la protesta y la lucha popular, estudiantil, de los trabajadores de la educación y la salud tiene origen en esos mismos grupos empresariales, la caterva de funcionarios corruptos y politicastros al servicio del capital, que en frente unido se han lanzado contra quienes con dignidad exigen el derecho a la educación, al trabajo, a la vida y a la protesta.

La iniciativa de ley que pretende "regular las manifestaciones" es patrocinada por los mismos grupos empresariales que pretenden hacer del derecho a la educación un negocio; en esencia busca anular el derecho a la protesta popular, expresa la condición conservadora y profascista de esta cofradía de criminales de Estado y delincuentes de cuello blanco, ahora resulta que los criminales ungidos con la institucionalidad burguesa quieren dar clases de civilidad, ética y moral.

La actual campaña mediática que cierra filas en torno a esta exigencia del capital sólo tiene una explicación, los monopolios de la comunicación obedecen y son parte de los intereses oligarcas, cuál libertad de expresión, cuál libertad de pensamiento, desde estas agrupaciones económicas se hace todo por imponer una concepción retrógrada sobre la sociedad, la naturaleza y el hombre. Si exigen cerrar las normales y en disminuir la matrícula escolar tanto en normales y la universidad, es porque en estas aún prevalece una formación humanista y su vínculo con el pueblo.

El pueblo tiene derecho a la protesta. El derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la vida son derechos fundamentales del hombre conquistados a base de exigencia y lucha popular, si la actual junta administrativa pretende anularlos, el pueblo tiene el derecho legítimo de organizarse y luchar por los medios y formas que considere y sean necesarios.

Las marchas, los mítines, los bloqueos de carreteras, las trincheras de lucha popular, el volanteo, la retención de vehículos, la liberación de casetas de cobro en las autopistas, la retención temporal de mercancías, las visitas de cortesía a las tiendas departamentales, el paro laboral, la toma de edificios públicos, la huelga, la quema de unidades de empresas monopólicas... son formas de lucha necesarias y válidas ante la ofensiva gubernamental y empresarial, son parte del derecho a la protesta, constituyen el mecanismo de defensa popular y de la lucha por exigir el cumplimiento de los derechos del pueblo.

Desde el gobierno y sus defensores se criminaliza a estas formas de lucha y a quienes las enarbolan por sentir que sus mezquinos intereses se ven afectados o porque sus pretensiones conservadoras y profascistas no prosperan, porque en nuestro pueblo hay dignidad y voluntad de luchar contra los responsables de la actual iniquidad y marginación que vivimos más de 90 millones de mexicanos.

¿Qué podemos decir de la actual administración estatal encabezada por el Sr. Silvano Aureoles Conejo? Que la realidad y su política de gobierno lo desnudan en esencia y forma, cada vez se aleja más de los intereses del pueblo, por sus actos se ha revelado como un gobierno represor al igual que los gobiernos priístas.

En el estado sigue proliferando la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la violación grave y sistemática de los derechos humanos bajo el manto de un gobierno "de izquierda"; en Michoacán los grupos paramilitares con origen gubernamental siguen operando impunemente y los siguen fortaleciendo desde las estructuras del Estado mexicano; desde el gobierno estatal y por la vía de rectoría a través del policía Dolores Govea paz se auspicia y protege grupos de porros que son presentados como estudiantes "buenos" y bien portados, en realidad son grupos de porros que juegan la punta de lanza contra la protesta estudiantil.

En estas tierras los cuerpos policiaco-militares que conforman el aparato represivo han accionado sus armas e instrumentos represivos contra los trabajadores de la salud y la educación, se han ensañado con los hijos del pueblo al torturarlos, balearlos y tratarlos como delincuentes encarcelándolos injustamente..., ¿será esta la política de un gobierno democrático y progresista al servicio del pueblo? Por supuesto que no, las exigencias oligárquicas son las que prevalecen más allá del partido político que se encuentre en la administración pública y los grandilocuentes discursos de los políticos de oficio, en esencia y forma tenemos un gobierno antipopular y represivo.

Para muestra un botón: en la meseta purépecha funcionarios del gobierno de Silvano pagan a todo aquel sujeto que esté dispuesto a armase para reprimir la protesta popular, así sujetos en plena descomposición vinculados a la tala clandestina, al abigeato, al robo y a la delincuencia organizada se enrolan para conformar grupos de choque contra el movimiento popular, estos grupos paramilitares son uno de los instrumentos de la represión, responsables de las emboscadas contra trabajadores de la educación y estudiantes normalistas, constituyen fuerzas auxiliares para la represión, la cuna está en Capacuaro y en las estructuras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Otro rostro de la represión lo constituye la constante amenaza hecha por Martín Godoy Castro, secretario de seguridad pública y Uriel López Solís, secretario de gobierno, quienes se dedican al ominoso papel inquisidor de armar "carpetas de investigación", terminajo leguleyo para disfrazar el acto autoritario y represivo.

Si de parte del gobierno el pueblo recibe medidas y políticas que afectan gravemente sus derechos, como pueblo tenemos el inalienable y legítimo derecho de organizarnos y luchar de la forma que la realidad dicta; la solución a las exigencias populares no pasa por la desmovilización, por el contrario son tiempos de generalizar la protesta popular, de ampliar las formas de organización y lucha, de propagar por toda la geografía estatal las acciones políticas de masas.

Si el gobierno integra "carpetas de investigación", el pueblo y sus organizaciones deben tomar nota puntual sobre los responsables intelectuales y los instrumentos de la represión para actuar en autodefensa popular.

Desde la trinchera de la lucha armada revolucionaria, enviamos un saludo al pueblo organizado que con dignidad en el campo de la lucha de masas, resisten los embates de las fuerzas represivas al servicio del poder burgués. Sepan que no hay poder oligárquico-gubernamental que resista la voluntad de combatir de un pueblo organizado. ¡a generalizar la protesta popular! En la defensa de los derechos del pueblo.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR

Año 52.
Desde algún lugar de Michoacán de Ocampo, a 27 de octubre de 2016
 
 
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