viernes, 11 de noviembre de 2016

Desalojados por fondos buitre se encierran en la sede de Goldman Sachs en Madrid


Un grupo de ciudadanos afectados por la venta de viviendas sociales a fondos buitre han decidido encerrarse en la sede de Goldman Sachs en Madrid. Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), afectados por la venta de viviendas del antiguo Ivima y asambleas de vivienda del 15M han decidido encerrarse este jueves por la mañana en la sede de Goldman Sachs en Madrid para “evitar una nueva oleada de desahucios” por parte del fondo Encasa Cibeles (participado por Goldman), propietario de buena parte del parque de vivienda pública vendido por el Gobierno del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) en 2013 a este y otros fondos de inversión.
 
Esta operación supuso, según los encerrados, la pérdida de 3.000 viviendas públicas repartidas en 32 promociones. Los cálculos de afectados del Ivima certifican que sólo un tercio de las familias adjudicatarias directas continúa viviendo en estas promociones.
 
Los desahucios están teniendo lugar en las localidades de Parla (15 previstos sólo este mes), Majadahonda, Valdemoro y Madrid, y afectan a todo tipo de hogares y situaciones sociales: beneficiarios del plan joven de vivienda, con o sin derecho a compra, o familias que han entrado a vivir en las casas ya desalojadas tras el cambio de propiedad.
 
Los encerrados denuncian la complicidad del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes con estos desalojos, producidos tras una compraventa que está siendo investigada por la justicia en una querella penal sin que el ejectuvo actual haya anunciado medida alguna para revertir la venta o al menos decretar una moratoria de desahucios de Encasa Cibeles y los fondos Blackstone, Azora y Lazora.
 
Asimismo, los afectados por estos desahucios denuncian “la complicidad del Gobierno central de Mariano Rajoy y también del autonómico” con estas compraventas “de lo poco que quedaba de parque público de vivienda en la Comunidad de Madrid”.
 
Aseguran los afectados que justo cuando las viviendas públicas eran más necesarias que nunca ante la situación de lanzamientos hipotecarios y de alquiler generalizada tras la crisis financiera (con más de medio millón de hogares afectados desde 2007), el Gobierno de Rajoy facilitó la entrada de este tipo de fondos al crear la figura legal de las Socimi, por las que la inversión en el mercado del alquiler por parte de estos fondos se ve sujeta a beneficios fiscales.
 
Además, tal y como ha denunciado la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima, el Gobierno central está obstaculizando la investigación penal sobre la compraventa: Hacienda lleva diez meses para designar dos peritos que certifiquen si la venta al entramado de Goldman Sachs se hizo por debajo de su precio y supuso una pérdida patrimonial para el Ivima y la Comunidad de Madrid.
 
Los encerrados denuncian la actuación de los distintos ayuntamientos afectados por estos desalojos: Parla, Majadahonda, Valdemoro y Madrid por no exigir judicialmente la reversión de vivienda a los fondos buitre cuando la entidad titular era el Ivima. “Pese a tratarse de una empresa autonómica, al hallarse estas promociones en sus respectivos términos municipales, entendemos que cabe una actuación contundente al respecto”, denuncian, por no comprometerse con una gestión social de la vivienda y por dejar desprotegidas y excluidas del acceso a vivienda pública a las personas que han recuperado la vivienda.
 
Los encerrados en la sede madrileña de Goldman reclaman el compromiso por escrito de la paralización inmediata de todos los procedimientos judiciales y desahucios de Encasa Cibeles en toda la región, así como la regularización de todas las familias que no lo estén en este momento. También piden a la Administración la reversión de las condiciones iniciales en cuanto a precio de alquiler para los adjudicatarios directos del Ivima.
 
Estas plataformas ciudadanas aseguran que seguirán actuando “mediante la desobediencia pacífica y el apoyo mutuo para resolver las situaciones de extrema vulnerabilidad provocadas por Goldman Sachs, sus sociedades pantalla y sus cómplices en el Gobierno del Estado y de la Comunidad”.
 
 
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