miércoles, 7 de diciembre de 2016

Coca-Cola despide sin indemnización y asesina trabajadores en Latinoamérica


La empresa ataca fieramente el sindicalismo y explota a menores en varios países de Latinoamérica.
 
Conocido es el caso de los miles de trabajadores despedidos por Coca-Cola en Colombia, intimidación y amenazas a sindicalistas hasta el asesinato por medio de paramilitares. En el 2003 nuevamente fueron asesinados trabajadores en una fábrica de Coca-Cola en Bolivia.
 
En Tapachula, Chiapas, FEMSA compró la embotelladora Tacaná en el año 2000 e inmediatamente cerraron la planta y despidieron a todos los empleados de manufactura. En los últimos años han sido despedidos en Colombia más de 10.000 trabajadores de Coca-Cola y han sido remplazados por mano de obra temporal.
 
Por poner un ejemplo: Sinaltrainal contra Coca-Cola es un pleito abierto en 2001 por el Sindicato colombiano Sinaltrainal, en un Tribunal de Distrito en Miami. Sinaltrainal alega que Panamaco, una embotelladora colombiana de Coca-Cola, contrató a un grupo de paramilitares para asesinar a varios miembros del sindicato. A pesar de la violación de derechos humanos que se produjo en Colombia, el sindicato acudió al (ATCA) para llevar el caso a un Tribunal de Distrito de Estados Unidos.
 
En 2003, la corte desestimó The Coca-Cola Company como acusado, porque el asesinato tuvo lugar fuera de Estados Unidos y por tanto considerado demasiado lejos (física y causalmente) del Cuartel General de la compañía en Atlanta. El Tribunal del Distrito permitió que el caso siguiera adelante contra dos embotelladoras de Coca-Cola.
 
El permanente accionar de grupos paramilitares, actuando en complicidad con las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del estado, sirve a la multinacional y a su filial, para presionar ilegalmente a los dirigentes sindicales, obligar a los trabajadores a desafiliarse del sindicato para incumplir convenciones laborales, forzarlos a renunciar a sus contratos de trabajo e imponer bajos salarios a los nuevos trabajadores contratados.
 
Esta política laboral fundada sobre el terror permite a Coca-cola aumentar enormemente sus beneficios.
 
En los últimos 10 años han asesinado a 8 dirigentes de SINALTRAINAL (Sindicato Nacional de la Industria de la alimentación en Colombia), 2 dirigentes han tenido que exiliarse y otros 48 han sufrido el desplazamiento forzado. Aquí una lista de asesinados por la empresa en Colombia
 
El sindicato de la Industria del Acero y el Fondo Nacional para los Derechos de los Trabajadores de los Estados Unidos presentó una demanda judicial ante la Corte de Miami contra Coke And Panamerican Begerages. Inc, principal embotelladora en Latinoamérica de la multinacional Coca Cola, a la que vinculan con los grupos paramilitares en Colombia y la contratación de escuadrones de la muerte para asesinar sindicalistas.
 
El caso de vinculación más evidente entre Coca-Cola y el asesinato de sindicalistas mediante asesinos a sueldo se ha producido en el municipio de Carepa, noroccidente del departamento de Antioquia. El director y dueño de la embotelladora Coca Cola, el norteamericano Richard Kirby amenazó con matar y "desaparecer" a los trabajadores que persistieran en organizar el sindicato y continuaran en actividades sindicales, a los pocos días fueron asesinados cuatro sindicalistas de esta empresa.

También en otros países -como Guatemala, Filipinas, Pakistán, India, Israel, Venezuela, etc. el movimiento social acusa a Coca-Cola de utilizar, directamente o a través de sus filiales, el asesinato, la violencia, la corrupción, el incumplimiento de las leyes laborales, para alcanzar sus fines económicos.
 
En Estados Unidos la multinacional ha sido denunciada por discriminación racial, por atentar contra la salud pública, por daños ambientales, por contaminación genética, y por contaminación del agua. En muchos casos ha sido denunciada, algunas veces condenada, pero casi siempre, su poder le ha permitido escapar del sistema judicial.
 
COCA COLA CONTRA LOS SINDICALISTAS
 
Miembros del sindicato de la CROC controlado por la Coca-Cola y acusados de corrupción, agredieron a palos a otros trabajadores de la embotelladora en Villahermosa, Tabasco (México) para impedir que se afiliaran al Sindicato Nacional Benito Juárez. El Gerente de Recursos Humanos de la Coca-Cola, Héctor Mendoza, ordenó poner candados a la entrada de esas instalaciones y no dejó salir ningún obrero hasta bien tarde para que no fueran testigos de la golpiza y no se unieran a los disidentes. A los trabajadores disidentes se les impidió hacer uso de su derecho al voto sindical por el personal de seguridad que custodia la planta, de modo que los golpeadores se les echaron encima y les golpearon de manera despiadada. Un centenar de personas bloquearon durante una hora la carretera que lleva a la planta, exigiendo al Gobernador que reclamara a la Coca-Cola la indemnización de los daños sufridos en las casas y además, se reintegrara a los trabajadores despedidos, restableciendo así el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
 
En el 2001, 1.100 trabajadores denunciaron que la compañía les estafaba las horas extra. En 2002, 9 empleados de Coca-Cola denunciaron a la compañía por haber estafado a los trabajadores más de 200 millones de dólares en pagas durante un período de cuatro años. En las querellas los trabajadores alegan que la compañía tiene jefes que manipulan el sistema electrónico de fichado para eliminar horas trabajadas. Otros trabajadores afirman que fueron acosados para que no reclamasen las horas extra a los jefes.
 
 
COCA COLA Y LA EXPLOTACIÓN INFANTIL
 
Human Rights Watch documentó la contratación de niños hasta nueve horas diarias de trabajo para Coca-Cola en plantaciones de caña de azúcar en El Salvador cuando su Código de Conducta estipula que "No se usará el trabajo infantil definido en las leyes locales". Para este trabajo se usan machetes y otros cuchillos. Casi todos los niños entrevistados por Human Rights Watch para su informe de 139 páginas, "Oídos sordos: Trabajo infantil peligroso en el cultivo de caña de azúcar en El Salvador" dijeron que habían sufrido tajos en las manos o las piernas cortando caña.
 
Hasta un tercio de los trabajadores de las plantaciones de azúcar de El Salvador son menores de 18 años, muchos de los cuales empezaron a trabajar en los campos cuando tenían entre 8 y 13 años. La Organización Internacional del Trabajo estima que al menos 5.000 y hasta 30.000 menores trabajan en las plantaciones de azúcar salvadoreñas. El Salvador establece una edad mínima de 18 años para el empleo en tareas peligrosas y de 14 años para la mayoría de las demás formas de trabajo. Con frecuencia, no se dispone de atención médica en las plantaciones, y los niños tienen que pagar frecuentemente el costo de su tratamiento médico.
 
La Coca-Cola no puede leerse sin el proceso neoliberal, la voracidad de las transnacionales sobre los recursos de los países, los procesos de Ajuste Estructural y, entre ellos, las reformas laborales que afectan los derechos de los trabajadores como son: congelar los salarios; eliminar los sindicatos; desaparecer los contratos colectivos de trabajo; eliminar las prestaciones sociales (créditos para vivienda, salud, etc); despedir a los trabajadores antiguos y con deshacerse de eso los procesos de indemnización futuras; eliminar las jubilaciones y las pensiones; eliminar el reparto de utilidades; convertir todo trabajo en empleo temporal; apropiarse de los ahorros de los trabajadores secuestrándolos en los bancos para beneficio de los mismos bancos; disminuir los costes de equipo de seguridad del trabajador; emplear los despidos masivos; extorsionar a los trabajadores exigiéndoles horas extras de trabajo sin pagarlas, o se les amenaza con entregar el puesto a otro empleado que lo necesita; entre otras muchas acciones que afectan a los trabajadores.
 
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