martes, 6 de diciembre de 2016

PCOE: Constitución del 78. Hija predilecta del capitalismo español


Mientras agonizaba el dictador Franco la oligarquía banquera e industrial española representada por los Botín, March, Entrecanales, Del Pino, las Koplowitz, Ybarra, etc,… (los mismos que mandan hoy) buscaba exportar capitales y conquistar nuevos mercados. Para ello necesitaba superar el estrecho marco del fascismo español. Es por lo que promovió una “transición” del fascismo a la democracia burguesa que le permitiría aumentar sus negocios. Ya contaba con el beneplácito de la única oposición real con influencia en la clase obrera que representaba un PCE que había renegado de la lucha de clases varias décadas atrás. En su declaración “Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español” de junio de 1956 se afirmaba que “el Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco.
 
La trampa estaba en oponer “dictadura” a “democracia” y “libertad”, conceptos abstractos y metafísicos al no conectarlos con una sociedad de clases contrarias y antagónicas, donde la libertad de una clase niega la libertad de la otra. Y lo que hubo no fue un cambio de régimen económico que es la base de toda sociedad, lo único que hubo es un maquillaje de la superestructura política, un mayor grado de libertad para la burguesía que al fin y al cabo era la que seguía teniendo la propiedad de los medios de producción.
 
Y el capitalismo (que es la madre del fascismo) queda atado y bien atado a través de los artículos 33 y 38 de la Constitución española de 1978 que mantiene la propiedad privada (de los medios de producción) y donde “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”. Estos artículos son los que determinan si se pueden hacer efectivos todos los demás artículos de derechos y libertades y si quedan en papel mojado pues lo económico es lo que determina si se puede o no se puede hacer tal o cual cosa.
 
La noche del golpe del 23 de febrero de 1981 José María Aguirre González se fue a dormir porque pasase lo que pasase sabía que seguiría siendo el presidente de Banesto. Cuando a Tejero lo dejan en la estacada, en la cabecera de la manifestación contra el golpe, junto a los “demócratas”, marchaba Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de la Banca.
 
 
Fue y sigue siendo enorme y sofisticada la maquinaria propagandística de la burguesía para vender la Constitución española como una constitución de todo el “pueblo”, para vender una libertad “sin ira” donde se niegue la lucha de clases a través de la reconciliación nacional apoyada por un PCE ya invadido por el reformismo y el oportunismo.
 
Es muy simbólico el paso por toda la gama de medios de comunicación, que aparentan diversidad pero que defienden el mismo régimen, de dos iconos del periodismo español de la “transición” como son Nativel Preciado y Victoria Prego. La una ha trabajado al servicio de Diario ABC, Interviú, Onda Cero y Cadena Ser. La otra, la punta de lanza de la operación cosmética del régimen, Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y hermana de Adolfo Prego, magistrado del Tribunal Supremo, inició su carrera en TVE ya bajo el franquismo, llegando a ser en 1976 jefa de Internacional. Hoy en día muestra su verdadera cara colaborando con la Cope.
 
Pero veamos con algunos ejemplos cómo el artículo 38 donde se impone la economía de mercado, o lo que es lo mismo, el capitalismo, impide hacer efectivos todos esos derechos que el oportunismo principalmente de IU-PCE y Podemos fantasea con hacerlos cumplir a través de las instituciones burguesas, haciendo creer que es la superestructura política la que determina la estructura económica y no al revés.
 
Artículo 9. Libertad e igualdad.
 
Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
 
Gran ilusión de la democracia burguesa. España es el país más desigual de la OCDE superando hasta 14 veces a Grecia. En España había en 2014 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión, el 29,2 % de la población[1].
 
Artículo 33. Derecho a la propiedad.
 
Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
 
La Constitución hace pasar el interés del capital por el interés “general”. Es por eso que la propiedad privada que impone a sangre y fuego es la gran propiedad privada, mientras que la otra, la ganada con el sudor de la frente a través del salario, no sólo no la garantiza sino que la viola constantemente, desahuciando a aquellos que han perdido un empleo, gracias, por cierto, a la economía de mercado. Incluso expropia quitando la custodia de los hijos a una familia obrera cuando, gracias a la economía de mercado, no tiene suficientes ingresos para hacerse cargo de sus necesidades.
 
Artículo 35. El trabajo, derecho y deber.
 
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
 
 
Este artículo es verdaderamente utópico bajo el régimen de la economía de mercado, donde el despido es libre. El desempleo es la mayor preocupación de los trabajadores. Del 4,41% en 1976 hemos pasado al 18,91% en septiembre de 2016, según cifras oficiales. El desempleo propio del capitalismo produce a su vez salarios de miseria que impiden a la clase obrera “satisfacer sus necesidades y las de su familia”, dándose además una discriminación no sólo “por razón de sexo” sino por nacionalidades y en función de si se es inmigrante “legal” o no.
 
Artículo 20. Libertad de expresión.
 
A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
 
La libertad es de los dueños de los medios de comunicación y de los dueños de las empresas. ¿Qué trabajador puede decir lo que realmente piensa en una entrevista de trabajo? ¿O cuando le ponen un contrato por delante? ¿O cuando está en el centro de trabajo?
 
El Estado español además como instrumento para defender el régimen reprime aquellas voces disconformes con el mismo. En 1983, en plena euforia de la movida cultural “progre” catapultada por los medios para llevar a la juventud por los derroteros de las “drogas, el sexo y el rock&roll”, los integrantes del grupo de música punk Eskorbuto fueron detenidos en Madrid y se les aplicó la ley antiterrorista al requisarles la maqueta “Jodiéndolo todo” con canciones como “Maldito país, España”, “E.T.A.” o “Rogad a dios por los muertos”. Estuvieron 36 horas incomunicados.
 
Y más recientemente, este año, un grupo de titiriteros que representaba con un pequeño teatrillo una obra en el barrio madrileño de Tetuán fueron detenidos por apología del terrorismo y delito cometido con ocasión del ejercicio de “derechos fundamentales” y de las “libertades públicas”. Fueron encerrados al día siguiente en la cárcel de Soto del Real. Su delito: un muñeco de trapo porta un cartel en el que pone “Gora Alka-ETA”.
 
El Estado español a través de la Fiscalía ha llegado a pedir en 2014 más de 125 años de cárcel contra huelguistas[2].
 
Artículo 27. Derecho a la educación.
 
La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
 
Según un estudio de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) realizado en 2006, el coste medio de la educación para un hijo desde los 0 a 15 años era de 4.090 euros. El precio medio de la primera matrícula de grado en una universidad española es de 1.100 euros al año, y máster 2.020 euros.
 
Artículo 39. Protección a la familia y a la infancia.
 
Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
 
Según el Informe Foessa 2014, en España, uno de cada veinte hogares se ve muy afectado por intensos procesos de exclusión social. Un total de 11,7 millones de personas (3,8 millones de hogares) están afectadas por diferentes procesos de exclusión social, 4,4 millones más que en 2007. Cinco millones de ellas, por situaciones de exclusión severa, un 82,6% más que en 2007.
 
Artículo 40. Jornada y descanso laboral.
 
Los poderes velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral.
 
Para los trabajadores españoles esto suena a ciencia ficción. Según la Estadística de Accidentes de Trabajo publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los primeros 6 meses de 2016 se registraron 276.069 accidentes de trabajo con baja, de los cuales 2.181 fueron accidentes graves. El estrés y la presión al que somete la competitividad bajo el marco de la economía de mercado ha provocado sólo en medio año 116 muertes por infarto o derrame cerebral en España.
 
Artículo 43. Protección a la salud.
 
Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
 
La economía de mercado impone un sistema de sanidad pública que reporte amplios beneficios al capital privado. Por ejemplo, a través de la compra de medicamentos o de materiales o subcontratación de servicios. Los proveedores son grandes grupos industriales, químicos, farmacéuticos o de servicios: Siemens, Bayer, Sanofi, Roche, Pfizer, Celgene, Grifols, Ferrovial, Grupo Ellior, ISS Facility Services, Eulen o Eurolimp.
 
Stephan Sturm, consejero delegado del primer grupo europeo de sanidad privada, Fresenius Medical Care, manifestó que la parte más rentable del negocio en España procede de los conciertos con la sanidad pública y no de su actividad ordinaria de prestación de servicios médicos en el ámbito privado.
 
 
Esto supone, por supuesto, que lo menos importante es proteger la salud de la gente. La lista de espera para operarse en España alcanza los tres meses de media. Las camillas se abarrotan en los pasillos de urgencias. Y hay multitud de patologías que no son atendidas suficientemente por la sanidad “pública”, obligando a muchas familias a recurrir a la beneficencia, muchas veces tornada en espectáculo en los medios de comunicación, a vender tapones, camisetas, organizando colectas para sufragar los altísimos costes de ciertos tratamientos. Según la Federación Española de Enfermedades Raras: “la sanidad no cubre ni la mitad de la fisioterapia que se necesita”.
 
Artículo 44. Acceso a la cultura.
 
Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2014-2015 sólo el 54% de los españoles va al cine con cierta frecuencia. El precio medio de una entrada de cine ha pasado de 130 pesetas (0,78 euros) en 1980 a los 8 euros en 2015.
 
Hablar de “acceso a la cultura” es irrisorio en un país donde acudir a un concierto de música clásica, de ballet, ópera o zarzuela son un lujo, con porcentajes de asistencia entre la población española de 8,6%, 7%, 2,6% y 1,8% respectivamente.
 
Por no hablar de lo que cuesta asistir a un partido de fútbol, el deporte más popular de nuestro país. El precio medio de una entrada de fútbol, en el estadio, para ver un partido de Primera División alcanza los 70 euros en nuestro país, el segundo más caro del mundo.
 
Especialmente en este deporte, que sirve para educar (en un sentido u otro) a los jóvenes, es donde se aprecia mejor cómo la economía de mercado corrompe todos los ámbitos de la sociedad. El propio Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ayer del BBVA y hoy del Banco Santander, afirmó este año que “Los amaños son el problema más importante que tiene hoy el deporte”[3]. Tampoco se libra de la corrupción el baloncesto, done la Federación Española de Baloncesto (FEB) y su presidente se encuentran bajo investigación por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) por presuntas prácticas corruptas.
 
No sólo los clubes de fútbol se han convertido en sociedades anónimas y propiedad de los magnates locales de turno. También las estrellas del balón son propiedad privada de fondos de inversión. Los derechos de Neymar, por ejemplo, pertenecen casi la mitad (45%) a dos fondos, DIS y TIESA, que recientemente ha firmado un acuerdo con Diego Simeone.
 
Artículo 45. Medio ambiente. Calidad de vida.
 
Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
 
Según el Instituto Geográfico Nacional “La contaminación ambiental es uno de los aspectos de la problemática ambiental española, que se deriva de nuestro actual modelo de desarrollo.” Añade además que “En España la contaminación de las aguas subterráneas resulta, principalmente, de los vertidos urbanos, de la industria o de la infiltración de los fertilizantes depositados en el suelo, procedentes de la agricultura intensiva, y por las deyecciones del ganado. En ambos casos, los niveles de nitratos que adquiere el agua pueden ser tan elevados que constituyen una seria amenaza para la salud humana.
 
 
Según informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés), grupo creado por las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial, España ha incrementado la emisión de gases de efecto invernadero en un 53% entre 1990 y 2005. El Ministerio del Medio Ambiente, aseguraba ya en 1998 que “el grado de contaminación de las aguas aumenta a medida que van discurriendo por núcleos urbanos e industriales, llegando, en algunos casos, a un estado muy degradado en sus tramos medios y finales.
 
Por citar una de las peores catástrofes ecológicas que han quedado en la impunidad, el accidente del Prestige en 2002 que produjo el derrame de 77 mil toneladas de fuel al mar fue juzgado diez años después sin determinar responsabilidades ni culpables.
 
Artículo 47. Derecho a la vivienda.
 
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
 
Según la Fundación RAIS unas 40.000 personas no tienen hogar y un millón y medio de familias vive en infraviviendas. Desde 2008 se han desalojado a más de 400.000 familias de sus casas.
 
Además, la economía de mercado convierte en mercancía a la vivienda, permitiendo especular sobre ella, por muchos planes de protección oficial que se ejecuten.
 
 
 
Artículo 51. Defensa de los consumidores.
 
Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
 
A pesar de que el leitmotiv de la economía de mercado es que es una economía de consumo, lo cierto es que es toda una falacia pues la tendencia es a poder consumir menos bienes al aumentar el paro y al ser los salarios cada vez más miserables, debido a la presión que ejercen sobre éstos esa mano de obra sobrante desesperada por encontrar un trabajo.
 
Y para asegurar que a algunos ilusos de la izquierda oportunista se le ocurra desde el congreso tocar lo esencial de esta constitución, es decir, los artículos 33 y 38, el artículo 8 establece que “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire” tienen como misión garantizar “el ordenamiento constitucional.”
 
Secretaría de Agitación y Propaganda del Comité Central del P.C.O.E.
 
[1] Informe “Una economía al servicio del 1 %”, Oxfam Intermon, 2016
 
[2] “Piden 125 años de cárcel para 300 sindicalistas”, Diagonal, 17 de julio de 2014.
 
[3] Agencia EFE: Redacción deportes, 17 de febrero 2016
 
 
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1 comentario:

  1. A UE quer subornar Assad para que ele permita que a Al-Qaeda controle partes da Síria!!! A porca EU, que não passa de um lacaio dos EUA, tenta evitar a vitória de Assad, que será certa assim que tome Alepo!!!

    Retirado de: http://www.globalresearch.ca/the-bribe-of-the-century-eu-will-give-assad-money-if-he-allows-al-qaeda-to-rule-over-parts-of-syria/5560590

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