viernes, 21 de julio de 2017

Que Lula no tape el bosque antiobrero


Por esas “casualidades” que no existen en la política, el mismo día que el Senado brasileño aprobaba una reaccionaria “reforma laboral” liquidando conquistas históricas de los trabajadores, el juez Moro condenó al expresidente Lula Da Silva a 9 años de prisión por “corrupción pasiva” y lavado de dinero.
 
Lejos estamos de desconocer que Lula ha sido parte de una extensa cadena de corrupción que implica también a Temer, Dilma, más de la mitad de los legisladores, gobernadores, etc. Pero está claro que la medida del juez federal que lleva la causa del “Lava jato”, Sergio Moro, es absolutamente funcional al armado de un montaje mediático que oculte los efectos de la reforma aprobada en el Senado de Brasil por 50 votos contra 23, y que el presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que se aprobará “sin cambiar una coma”.
 
Amplios sectores de trabajadores y del pueblo brasileño vienen denunciando las consecuencias que tendrá esta “reforma”, y han protagonizado decenas de manifestaciones, así como tres paros generales.
 
Un festín para los grandes empresarios
 
Con claridad meridiana, en medio del terremoto político que se llevó puesta la presidencia de Dilma Rousseff y amenaza hacer lo propio con el actual presidente Michel Temer, tanto la Confederación Nacional de la Industria como la Federación Brasileña de Bancos plantearon hace pocos días que “El Congreso tiene que continuar con las reformas estructurales”. “La crisis política no debe obstaculizar el progreso de las reformas”, dijeron los banqueros.
 
El Senado aprobó un centenar de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), todas a favor de los empresarios. En resumen, estas reformas establecen que las empresas pueden negociar directamente con los trabajadores al margen de su organización sindical: salarios, horarios de trabajo, vacaciones, productividad, etc. Las empresas podrán extender la jornada laboral hasta 12 horas y 60 semanales, sin el cobro de horas extras, se podrán fraccionar las vacaciones hasta en tres veces. Las mujeres embarazadas o con niños lactantes podrán ser obligadas a trabajar en condiciones de insalubridad “mediana”. El tiempo de transporte no podrá ser computado como parte de la jornada laboral. El almuerzo puede ser reducido a 30 minutos. Se permitirá pagar salarios sobre una base horaria o diaria, no mensual. 
 
Además, el empleador y el empleado podrán llegar a un despido “de común acuerdo”, en el que el patrón podrá pagar solo la mitad del previo aviso. Tampoco se privaron los senadores en acordar cercenar brutalmente los derechos laborales en caso de enfermedades y accidentes de trabajo, y de las trabajadoras embarazadas. 
 
Vistas en su conjunto, estas reformas laborales retrotraen la situación de los trabajadores brasileños a fines del siglo 19 y comienzos del siglo 20, cuando se realizaron en Brasil y todo el mundo las históricas luchas por las 8 horas de trabajo.
 
Un sistema corrupto

Los casos de corrupción no paran de ser noticia en Brasil. Producto de la evidente disputa entre sectores de las clases dominantes, una práctica que ha sido y es común en Brasil o cualquiera de los países de América Latina, está saliendo a la luz, cada día con nuevo “carpetazo”. El más resonante de los últimos tiempos ha sido sin duda la condena a Lula, que pone en riesgo su anunciada candidatura presidencial. Pero Temer no las tiene todas consigo, ya que por estos días se comenzará a tratar en el Congreso las acusaciones de corrupción hechas por el presidente del frigorífico JBS. 
 
De paso, digamos que el controlador de este frigorífico, el fondo brasileño J&F, se acaba de desprender del control de la textil Alpargatas, para poder afrontar la multa de 10.300 millones de reales (u$s3.200 millones) por su papel en el enorme entramado de corrupción.
 
Además del “Lava Jato” (que implica las denuncias de corrupción alrededor de los contratos con Petrobras y el ya citado de JBS), sólo la constructora Odebrecht tenía “comprados”, junto con Temer, a cinco expresidentes, nueve gobernadores, los presidentes (anteriores y actuales) de ambas cámaras legislativas, 100 parlamentarios de 26 partidos distintos, y siete ministros del actual gobierno. La lista podría ocupar varias páginas, si recordamos los negociados con la construcción de estadios para las Olimpíadas y el Mundial de Fútbol, subtes, y otras grandes obras públicas.
 
Como se ve, no será sencillo el camino del hermano pueblo brasileño para sacarse de encima a toda la lacra de políticos y medios al servicio de las clases dominantes. Sí ya se están viendo en las calles multiplicarse de nuevo las protestas, y junto al “Fora Temer” y el “Direitas ja”, un sector del pueblo comienza a plantear “que se vayan todos”. 
 

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